Mismo negocio, nuevos administradores
Publicado: Dom Ago 30, 2026 12:07 pm
Mis articulos anteriores dejaron una pregunta pendiente: si la intervención estadounidense buscaba liberar a Venezuela y el convenio petrolero era solo parte de una transición, ¿por qué Washington capturó a Maduro pero preservó la estructura del régimen que su propio gobierno tachaba de narcoterrorista?
La acusación del Departamento de Justicia estadounidense no presenta a Maduro como un operador solitario, sino como el eje de una red respaldada por militares, inteligencia, cuerpos policiales y altos funcionarios civiles, con Diosdado Cabello entre los coacusados. Aunque se trata de alegatos pendientes de juicio y no de sentencias firmes, el alcance de la imputación abarcaba a todo el aparato estatal.
La respuesta habitual entre los sectores pro-Trump sostiene que mantener de forma temporal a Delcy Rodríguez, a Cabello y a la burocracia clave evitaba un vacío de poder. La lógica resulta persuasiva: desmantelar el Estado de golpe amenazaba con desencadenar violencia, paralizar la producción petrolera y agravar la crisis migratoria. La propia hoja de ruta anunciada por Washington establecía tres fases claras: estabilización, recuperación y, finalmente, transición.
El problema no radica en la primera etapa, sino en la ausencia de límites claros para su conclusión. Si bien ha habido liberaciones puntuales de presos y acercamientos políticos, aún no existe un calendario electoral vinculante, cientos de prisioneros políticos continúan en prisión, la oposición permanece al margen del poder y los organismos señalados por violaciones de derechos humanos siguen operando. Mantener la administración de forma provisional puede prevenir el caos; preservar indefinidamente a quienes ejercen la coerción solo consolida la continuidad del régimen.
Tampoco hay indicios de que la sucesión haya sido fortuita. The Guardian, citando cuatro fuentes anónimas, señaló que Delcy y Jorge Rodríguez ofrecieron cooperación a Washington antes de la captura, comprometiéndose a garantizar facilidades a las petroleras estadounidenses (un reporte desmentido por Caracas). De forma paralela, Reuters informó sobre contactos previos con Cabello, también negados por el gobierno.
Aunque estos reportes no demuestran una colaboración operativa directa en la caída de Maduro, sí sugieren una negociación paralela: los eventuales sucesores habrían garantizado gobernabilidad y apertura comercial antes del desenlace.
Es allí donde reaparece el factor petrolero. Aunque la cocaína articuló la acusación penal, el verdadero sostén financiero del Estado capturado siempre fue el crudo. El petróleo financiaba contratos, alianzas internacionales y lealtades internas. De hecho, en diciembre, el Departamento del Tesoro afirmó explícitamente que las operaciones petroleras alimentaban al «corrupto régimen narcoterrorista de Maduro».
Tras la captura, esa fuente de ingresos no se cerró. Washington pasó a supervisar las ventas y la recaudación, mientras la administración saliente negociaba acuerdos petroleros de largo plazo.
El crudo en sí no es ilícito; lo cuestionable es la apropiación de su renta mediante una estructura criminalizada. La tesis del «vacío de poder» puede justificar una pausa técnica, pero no prueba la marcha hacia una democracia. Sin un calendario electoral firme ni el desmantelamiento del aparato represivo, lo que se observa no es el inicio de una transición, sino la reordenación del mismo negocio.
La acusación del Departamento de Justicia estadounidense no presenta a Maduro como un operador solitario, sino como el eje de una red respaldada por militares, inteligencia, cuerpos policiales y altos funcionarios civiles, con Diosdado Cabello entre los coacusados. Aunque se trata de alegatos pendientes de juicio y no de sentencias firmes, el alcance de la imputación abarcaba a todo el aparato estatal.
La respuesta habitual entre los sectores pro-Trump sostiene que mantener de forma temporal a Delcy Rodríguez, a Cabello y a la burocracia clave evitaba un vacío de poder. La lógica resulta persuasiva: desmantelar el Estado de golpe amenazaba con desencadenar violencia, paralizar la producción petrolera y agravar la crisis migratoria. La propia hoja de ruta anunciada por Washington establecía tres fases claras: estabilización, recuperación y, finalmente, transición.
El problema no radica en la primera etapa, sino en la ausencia de límites claros para su conclusión. Si bien ha habido liberaciones puntuales de presos y acercamientos políticos, aún no existe un calendario electoral vinculante, cientos de prisioneros políticos continúan en prisión, la oposición permanece al margen del poder y los organismos señalados por violaciones de derechos humanos siguen operando. Mantener la administración de forma provisional puede prevenir el caos; preservar indefinidamente a quienes ejercen la coerción solo consolida la continuidad del régimen.
Tampoco hay indicios de que la sucesión haya sido fortuita. The Guardian, citando cuatro fuentes anónimas, señaló que Delcy y Jorge Rodríguez ofrecieron cooperación a Washington antes de la captura, comprometiéndose a garantizar facilidades a las petroleras estadounidenses (un reporte desmentido por Caracas). De forma paralela, Reuters informó sobre contactos previos con Cabello, también negados por el gobierno.
Aunque estos reportes no demuestran una colaboración operativa directa en la caída de Maduro, sí sugieren una negociación paralela: los eventuales sucesores habrían garantizado gobernabilidad y apertura comercial antes del desenlace.
Es allí donde reaparece el factor petrolero. Aunque la cocaína articuló la acusación penal, el verdadero sostén financiero del Estado capturado siempre fue el crudo. El petróleo financiaba contratos, alianzas internacionales y lealtades internas. De hecho, en diciembre, el Departamento del Tesoro afirmó explícitamente que las operaciones petroleras alimentaban al «corrupto régimen narcoterrorista de Maduro».
Tras la captura, esa fuente de ingresos no se cerró. Washington pasó a supervisar las ventas y la recaudación, mientras la administración saliente negociaba acuerdos petroleros de largo plazo.
El crudo en sí no es ilícito; lo cuestionable es la apropiación de su renta mediante una estructura criminalizada. La tesis del «vacío de poder» puede justificar una pausa técnica, pero no prueba la marcha hacia una democracia. Sin un calendario electoral firme ni el desmantelamiento del aparato represivo, lo que se observa no es el inicio de una transición, sino la reordenación del mismo negocio.