Por Max Bearak, Fotografías por Adriana Loureiro Fernandez
Max Bearak reportó para este artículo durante una semana en la capital venezolana, Caracas.
2 de mayo de 2026
Venezuela puede parecer un lugar de extremos discordantes.
Desde que Estados Unidos irrumpió y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en enero, la élite del país con conexiones políticas ha hablado de un renacimiento económico, impulsado por las promesas estadounidenses de “desatar la prosperidad” al tomar el control de la asediada industria petrolera de Venezuela.
Al mismo tiempo, han sido liberados cientos de presos políticos, muchos de ellos demacrados y traumatizados después de años de condiciones miserables en cárceles insalubres. La mayoría tiene pánico a hablar de sus penurias por miedo a que el gobierno, que en esencia no ha cambiado salvo por la pérdida de Maduro, vuelva por ellos. Cientos más siguen encerrados.
Pero entre los bendecidos y los malditos hay una brecha abismal en la que casi todos los demás venezolanos —profesores, médicos, albañiles, vendedores ambulantes— pasan sus días rebuscando entre los escombros de una economía arrasada. Para este amplio sector de la población, la intervención estadounidense ha cambiado poco hasta ahora y solo ofrece una débil perspectiva de algo mejor.

Vendedores ambulantes vendiendo productos desgastados en una acera del centro de Caracas.
Hace poco, cuatro profesores de política y economía se reunieron para tomar un café alrededor de una mesa de plástico en el campus donde imparten clases, la Universidad Central de Venezuela, en la capital, Caracas. Relataron cómo una espiral económica descendente a lo largo de los 13 años de Maduro en el poder los había empujado a la pobreza.
“En los últimos cinco años, la moneda se devaluó tanto que mi salario equivalía a cuatro dólares al mes. Es decir, se me olvidó que tenía un salario”, dijo Pedro García, de 59 años, que ahora dirige un sindicato de profesores jubilados.
Con el tiempo, contó, canceló más clases a fin de vender comida casera a la gente que hacía fila para conseguir combustible subvencionado en una gasolinera cerca de su apartamento. Luego vendió la cama el congelador de su suegra, y su propia bicicleta. Su pensión es una miseria: “No me alcanza para no morir de hambre”, dijo.

Pedro García, de 59 años, en su apartamento de Caracas. Dijo que a causa de la devaluación de los últimos cinco años, su sueldo de profesor equivalía a cuatro dólares mensuales.
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